Denominatión de los daños inferidos por el monarca o los estamentos reales derivados del incumplimiento de las normas jurídicas vigentes durante la baja Edad Media. El control jurídico de las acciones del monarca en Castilla y Navarra era llevado a cabo por las Cortes, mientras que en Valencia y Cataluña existian los reparadors de greuges o provisors de greuges, que sentenciaban sobre los agravios manifestados ante las Cortes. En Aragón las Cortes conocían al inicio de la sesión los agravios, posteriormente juzgados por el Justicia Mayor del Reino de Aragón, y aprobaban las medidas necesarias para su reparación antes de continuar con otros asuntos, pudiendo incluso coaccionar al rey mediante la retención de las aportaciones a las arcas de la Corona. Tras la celebración de las Cortes de Calatayud de 1461, los agravios originados por el Justicia Mayor debían ser juzgados por 17 jueces elegidos por las Cortes, más tres designados por el rey.